Seguridad, la factura pendiente de la clase política

Se acercan las elecciones del 2024. La seguridad es la factura pendiente de la clase política y los electores se la cobrarán a los partidos y sus candidatos. Seguridad Publica.

Una característica que tenemos como ciudadanía es que somos imposibles de satisfacer. El reclamo de servicios e infraestructura es parte de nuestra naturaleza, si pagamos impuestos, queremos ver que estos se nos regresan precisamente en servicios públicos. Al igual que la infraestructura y garantías para generar empresas, empleos y crecer nuestro patrimonio y el de nuestras familias.

Nadie puede negar que este gobierno, se ha tomado en serio el atender el rezago en materia de infraestructura, las inversiones en obra pública y mejoras se ven por todos lados, no solo en Quintana Roo, a nivel sureste nos ha ido muy bien en este rubro.

Sin embargo, la seguridad sigue como factura pendiente, algo no ha cuajado para que se logre atender la demanda ciudadana, no solo se trata del crimen organizado, también delitos como robos a casa habitación, asaltos, despojos, son una historia de todos los días.

La impunidad es un tema que tiene que ver con la cultura de la denuncia, y en este sentido, la autoridad no ha logrado comunicar a las víctimas de la delincuencia. sobre la importancia de denunciar y ratificar las denuncias, sumando a esto, la falta de confianza en la procuración de justicia permite que delincuentes se libren de ser sentenciados.

¿Cuántas personas saben la ruta para presentar una denuncia y darle seguimiento?

 Es correcto que como ciudadanos tenemos la obligación de conocer los procesos, pero también la autoridad ha fallado en promover una cultura de legalidad. La facilidad de comunicar por canales oficiales no ha sido aprovechado. Bien haría el gobierno en establecer una estrategia para hacer conciencia en la ciudadanía sobre estos procesos y usar todos los medios a su alcance para hacer que conozcan sobre la importancia y la participación ciudadana para combatir los delitos comunes.

Países avanzados, han logrado combatir la delincuencia desorganizada logrando la participación de la ciudadanía, la creación de observatorios de violencia les ha permitido reducir los índices de delitos menores y con el apoyo de la ciudadanía lograr procesar a delincuentes de poca monta, en México estamos muy desinformados, es obligación del gobierno de tender los canales con la sociedad para trabajar de la mano y combatir a la delincuencia.

En las próximas elecciones, se elegirán, alcaldías, diputados locales, diputados federales, senadores y presidente de la república. La ciudadanía no tendrá memoria suficiente para recordar que los gobiernos anteriores no lograron garantizar la seguridad pública cuando tuvieron. oportunidad, es obvio que le pasaran la factura al actual gobierno. No ha logrado resolverlo a pesar de su esfuerzo, para la ciudadanía no alcanza el esfuerzo, queremos resultados, y más si no sabemos que en parte somos culpables por no hacer nuestra parte en las denuncias y ratificaciones aportando lo que esté a nuestro alcance para que el poder judicial haga su trabajo.

Los partidos de oposición van a saber criticar, pero no se escuchará un planteamiento. serio para atender el grave problema de seguridad que nos aqueja, y lo usará como arenga electorera.

Sin importar por quién votemos, es nuestra obligación entender, que existe una delincuencia organizada y la delincuencia común. Ambas tenemos que saber, de qué manera contribuimos para que prospere la primera y la segunda. Exigir a nuestros gobernantes y legisladores en guiarnos en el aprendizaje para colaborar con ellos y lo más importante. Exigir que se pongan de acuerdo y trabajen en conjunto para combatir toda clase de delitos.

Se acercan las elecciones del 2024. La seguridad publica es la factura pendiente de la clase política y los electores se la cobrarán a los partidos y sus candidatos.

Presupuestos suficientes en prevención y atención del delito es una urgencia, no se trata de aumentar las penas. Hay que aumentar presupuestos para políticas públicas para combatir la delincuencia y facilitar a la ciudadanía. que confía en los ministerios públicos y se promueva así la cultura de la denuncia.

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