La otra pandemia

Por Mary Hadad.
En estos días recibí una llamada de auxilio de una compañera de trabajo que me informaba que a una vecina la estaban golpeando al interior de su domicilio, y que aun cuando pedía auxilio a gritos, la policía que estaba afuera no hacía nada más que tocar la puerta para ver si el agresor les abría amablemente y así pudieran ingresar a rescatar a la víctima. Un absurdo. Mi compañera y yo tuvimos que mover mar y tierra para que la policía cumpliera con su labor de ingresar a rescatar a la mujer ante el peligro inminente de ser víctima de un feminicidio. Una vez que se logró el rescate de la mujer que había sido molida a golpes por su pareja sentimental, ella gritaba llorando que nadie había querido ayudarla, haciendo alusión a que antes de que el agresor la encerrara, ella había acudido en estado de desesperación a las puertas de varios vecinos clamando ayuda, sin que nadie le abriera o interviniera para evitar que el agresor que la perseguía por la calle, siguiera golpeándola a puño limpio y arrastrándola para privarla de su libertad y seguir agrediéndola en el encierro.
Según la policía y los mismos vecinos, no era la primera vez que eso ocurría; la protagonista ya había sido víctima de una larga lista de agravios y vejaciones durante un largo periodo de tiempo, ante el silencio pasivo del Estado, que no protege a las víctimas y sí continúa en la inercia de consolidar la impunidad, esa misma impunidad que mata a 10 mujeres a diario en este país. El feminicidio es la máxima expresión de la violencia de género. El feminicidio es el resultado último de una cadena de agravios, vejaciones y actos violentos contra las mujeres, las 5 “i” le llaman: incapacidad, irresponsabilidad, indiferencia, indolencia, impunidad. Por ello, la responsabilidad no sólo recae sobre el perpetrador directo de la violencia, sino sobre las autoridades de los tres órdenes de gobierno que por omisión o conveniencia optan por no hacer nada o simular acciones de prevención de la violencia.
Experimentar momentos como estos, el de la historia que les platico, nos llena de rabia e indignación. Observar el incumplimiento de los protocolos por parte de las autoridades y de las constantes violaciones a derechos humanos que vulneran a las víctimas, puede ser desolador, pues la historia que describo es sólo una de las miles de historias de terror que sufren las víctimas de violencia doméstica en Quintana Roo. La otra pandemia.
La misma Organización Mundial de la Salud, ha reconocido y alertado que la violencia de género es una pandemia que azota al mundo y cuyos efectos son devastadores, pues promuevan la pobreza e inhiben el desarrollo de los países.
Las cifras de la Organización de las Naciones Unidas sobre violencia de género son de alarma, ya que el 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental, o violencia sexual por parte de otra persona distinta en algún momento de sus vidas.
Es la pandemia, en medio de la otra pandemia, ya que el COVID19 ha sido el peor escenario para las víctimas en México, pues las agresiones se han recrudecido en medio del aislamiento, donde el estrés y la incertidumbre en temas relacionados a la seguridad, la salud y el dinero, son caldo de cultivo para avivar la tensión. En México, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha estimado que la violencia de género creció velozmente en un 60% a través de las llamadas de auxilio, y que 2 de cada 3 mujeres mayores de 15 años han experimentado alguno de los diferentes tipos de violencia.
Y conforme la pandemia del COVID19 sigue avanzando, las alarmas están encendidas por el peligro que supone para el bienestar de las mujeres, a su salud sexual y reproductiva, a su salud mental y a su capacidad de ser líderes de sus proyectos de vida para la recuperación social y económica.
Pero no hay que irse muy lejos, en mi municipio capital constato una total y absoluta indolencia por parte de las autoridades municipales, ya que aun cuando he impulsado propuestas e iniciativas para fortalecer el presupuesto enfocado al tema, el Ayuntamiento de Othón P. Blanco destina únicamente 500 mil pesos anuales a un programa de prevención de la violencia familiar y de género, aun cuando es el municipio que ocupa el segundo lugar estatal en cantidad de llamadas de auxilio al 911, después de Benito Juárez. Apostar al tema con un presupuesto raquítico, es un claro ejemplo de simulación. ¿Qué tanto se puede lograr con 1,370 pesos diarios? Es más: con el recurso que disponen y considerando que en Othón P. Blanco se reportan 7,700 víctimas de violencia familiar; para las autoridades municipales cada mujer víctima vale 64 pesos. Es absurdo e indolente esperar resultados positivos con esta clase de recursos.
Entonces, ante lo crudo y evidente, ¿Qué vamos a hacer los otros y las otras, los ciudadanos de a pie que resentimos los estragos de la violencia de género y que somos conscientes que el problema es tan grave, y que las autoridades han demostrado su total incompetencia? Activar una mayor participación ciudadana para vigilar el actuar de los tomadores de decisiones en el ámbito público quizá es una buena idea, para que, a través de la transparencia y rendición de cuentas, les hagamos saber que estamos hartas y que la violencia tiene que cesar por el bien de todas y de todos. ¿Usted, le entra?