-A través de la AGEPRO, el gobierno de Quintana Roo busca dar certeza jurídica y bienestar social a las familias de Tulum
La gobernadora dijo que estar en terrenos irregulares representa un proceso legal para llegar a tener la certeza jurídica a familias en Tulum con la regularización. Y les pidió que no se dejen engañar con promesas falsas o soluciones rápidas.
Destacó que, para llegar a darles certeza jurídica con este proceso de regularización, se requiere de la participación de todas las partes. Y hacerlo de manera correcta y coordinada, como lo hizo en Cancún cuando fue presidenta municipal de Benito Juárez. Y como se hace ahora en la colonia Colosio de Playa del Carmen.
Es por conducto de los entes y programas regularizadores del Estado que se da la certeza jurídica en estos asentamientos irregulares en Tulum. Siempre en coordinación con todas las autoridades de índole federal y municipal. Y con la participación de particulares, como se está regularizando a las familias de Tulum en aquellas superficies que son propiedad del Estado. Todo esto en el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.
Mara Lezama resaltó que por conducto de la AGEPRO es como el gobierno del estado se encuentra regularizando a las familias de Tulum en superficies que son propiedad del Estado. A través de un programa para la contratación y titulación de asentamientos humanos irregulares en los bienes de dominio privado.
Existen solicitudes de regularización sobre lotes que se encuentran dentro de superficies que son propiedad privada.
No obstante, el gobierno del estado continúa trabajando en la búsqueda de alternativas para solucionar dicha problemática y otorgar la certeza jurídica y bienestar social a las familias de Tulum que lo han solicitado.
Insistió en dejar en claro que la regularización de la tierra requiere un proceso cuidadoso y coordinado, donde cada paso es supervisado para asegurar que las familias tengan la seguridad de que su hogar está protegido por la ley.
Lo más importante, -dijo- es que las y los ciudadanos de Tulum puedan vivir en un lugar seguro, con certeza jurídica, y que sepan que el gobierno estatal está plenamente comprometido con su bienestar y desarrollo.
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