El Pin Parental y la fiesta de los pederastas.

Por Mary Hadad.

Paulina está embarazada y tiene nueve años de edad, se sabe que ha sido víctima de violencia sexual a manos de su padre y su vida está en grave riesgo a decir de los médicos que la han atendido, ya que es una brutalidad pensar que el cuerpo de una niña deba gestar otra vida. Para Paulina la revictimización continúa pues grupos provida en complicidad con autoridades locales están persuadiendo a su madre para que ese embarazo continúe y llegue a “feliz término”. La niña no desea tener un bebé, es más: ni siquiera comprende qué es lo que a ella le está ocurriendo, sólo quiere seguir jugando y que nada malo le ocurra.

Activistas del centro del país se enteran del caso toda vez que está en prensa a nivel nacional y ofrecen ayuda para trasladar a la niña a la Ciudad de México para que especialistas brinden abordaje integral a la víctima y garanticen su legítimo derecho a seguir siendo niña y no madre, con la interrupción legal de ese embarazo como lo faculta la Norma Oficial Mexicana. Al día siguiente, después de que contactan a la madre, quien acepta la ayuda, ambas desaparecen (Paulina y su madre). Autoridades que debieran vigilar el cumplimiento del protocolo facultativo para evitar un mayor daño a la víctima y que la marca quede de por vida, han sido omisas al permitir que grupos conservadores las sacaran de la ciudad para llevarlas a un lugar “seguro” donde la niña continúe su gestación “como Dios manda”.

Esta historia es real, justo cuando en el año 2009 en el estado de Quintana Roo se debatía la reforma constitucional para garantizar la vida desde la concepción. Una reforma emblemática a la estupidez que desencadenó en todos los municipios una persecución policiaca inédita contra decenas de mujeres que en la clandestinidad y poniendo en riesgo su vida interrumpían embarazos no deseados, principalmente menores de edad, víctimas de violencia sexual. Fue un periodo de terror ocasionado por actores políticos cuyos intereses mezquinos pisotearon los derechos humanos de las mujeres y niñas reconocidos en tratados internacionales.

Para nuestra desgracia, lo que ocurrió a Paulina, es la misma suerte que padecen miles y miles de niñas y adolescentes que son embarazadas como producto de la violencia sexual y obligadas a convertirse en madres. Según el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), al año son 11 mil niñas obligadas a ser madres en México, es decir, 34 cada día. La mayoría de estas niñas son víctimas de violencia sexual en sus hogares o por familiares cercanos. Cifras muy duras e indignantes que ponen en evidencia el alto grado de violencia sexual que vive nuestra niñez y los elevadísimos índices de impunidad, pues ni siquiera el 2% de los agresores reciben una sentencia.

México es el país número uno en embarazos de adolescentes según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y ello es consecuencia de la falta de oportunidades de desarrollo, de acceso a una atención integral en materia de salud, educación, protección, y por supuesto, de acceso a sus derechos sexuales y reproductivos.

La organización Save the Chidren ha documentado que una de cada dos adolescentes que inicia su vida sexual se embaraza por causas relacionadas con la violencia sexual, la nupcialidad temprana, el no uso, o uso incorrecto de anticonceptivos y la poca educación integral en sexualidad que tienen especialmente a edades tempranas.

Según la Organización de las Naciones Unidas, México ocupa el primer lugar como país emisor de pornografía infantil, aportando el 60% del material que se consume en el mundo, sus víctimas son principalmente niñas entre los 11 y 15 años de edad.

Cifras escalofriantes y dolorosas que nos obligan a preguntarnos: si México es un país donde la violencia familiar es menú de todos los días en millones de hogares, si México es primer lugar en embarazo adolescente, si en México se cometen más de 600 mil agresiones sexuales al año (denunciadas, la cifra negra es mucho muy superior), si México es líder mundial de producción de pornografía infantil, ¿cómo pueden ser tan incongruentes e indolentes quienes impulsan en Quintana Roo la iniciativa del “Pin Parental” que no busca otra cosa que no sea agravar la crítica situación de violencia e impunidad que ya se padece?

¿En serio no entienden, o no entienden que no entienden? El “Pin Parental” es una iniciativa absurda y retrógrada importada desde España que han promovido grupos ultraconservadores para violentar los derechos humanos. Lo que esta iniciativa pretende es que el derecho a la información en materia de salud sexual y reproductiva de la niñez y la adolescencia esté condicionado a la autorización expresa de madres/padres y personas que ejerzan la tutela, para que puedan recibir esos contenidos en las escuelas. El “Pin Parental” busca retroceder 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¡Qué tontería!

Es precisamente la ignorancia, los tabúes, y el veto a la información adecuada en materia de salud sexual y reproductiva lo que ha ocasionado en gran medida el abuso a las niñas y los niños. En millones de familias no se habla de estos temas con los hijos e hijas, y si lo hacen es de manera inapropiada y poco efectiva para protegerlos. Miles de niños y niñas son abusados sexualmente en sus propios hogares sin que las víctimas alcancen a comprender el hecho, desarrollando sentimientos de culpabilidad e inseguridad y con pocas posibilidades de describir o externar lo que les ocurre. El limitar a los niños y niñas a conocer sus cuerpos y el desarrollo de los mismos, los vulnera y los hace proclives a caer en manos de depredadores que se van a aprovechar sin duda de esa ignorancia.

Niños y adolescentes tienen derecho a que sea atendido su interés superior, respetando su derecho humano a la salud integral, incluyendo información, educación, sensibilización y diálogo en servicios de salud sexual y reproductiva y el acceso a los métodos anticonceptivos, lo cual por cierto ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por ello, desde aquí condenamos todas aquellas iniciativas que sean contrarias a los derechos humanos y al libre desarrollo de la personalidad de la niñez y la adolescencia, y exigimos al Congreso del Estado de Quintana Roo que ponga un alto al adultocentrismo arcaico que mira a los niños como objetos de propiedad y muestre un rotundo rechazo a la iniciativa del “Pin Parental”; o de lo contrario, ¡los pederastas estarán de fiesta!